Descentralización, Gobernanza y Movilidad

 

Por Isabel Serra, Laboratorio Ciudad y Territorio UDP, Red Ciudad Futura

 

Muchas personas han identificado que estamos viviendo un cambio de época, un proceso de cambio multidimensional que detona distintas crisis de gobernabilidad y conflictos sociales que la actual sociedad y su institucionalidad no es capaz de gestionar. 

En las ciudades estos cambios ya son evidentes, en materia de movilidad se traducen en mayor congestión, contaminación, desregulación, nuevas desigualdades y exclusiones. Existe un desajuste entre los expertos, lo institucional, el territorio y la ciudadanía para dar respuesta a los nuevos desafíos. La discusión está desfasada respecto a cuáles problemas son los importantes, cuáles los urgentes y cómo deberíamos enfrentarlos.

Existe un reconocimiento de que enfrentamos hoy en día complejidades antes nunca vistas, y es necesario establecer nuevos mecanismos de toma de decisión descentralizadas, adoptar nuevos roles de cooperación entre el gobierno nacional, regional, local y elaborar instrumentos eficaces y flexibles de acorde a las escalas de intervención. Debemos impulsar fuertemente la descentralización, como el proceso de modernización que establece mecanismos de transferencia de poder del Estado central a otros niveles y territorios.

En nuestro país, a falta de una Política Nacional de Movilidad, es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones la institución que elabora política, dirige, supervisa, coordina y promueve leyes sobre transporte, las subsecretarias regionales ejecutan decisiones tomadas desde el nivel central en coordinación con las autoridades regionales.

A su vez, algunos gobiernos regionales logran implementar iniciativas y proyectos inconexos a partir del Financiamiento Nacional de Desarrollo Regional, pero que pocas veces responden a una visión de movilidad regional. Por su lado, los gobiernos locales, más que tomar decisiones gestionan tránsito y algunos proyectos, resuelven contingencias. Algunos gobiernos locales y a partir de su propio capital, han podido superar los obstáculos de la sectorialidad de las direcciones de tránsito e infraestructura para implementar políticas integrales de movilidad y espacio público, lamentablemente son ejemplos muy puntuales.

Este año tenemos dos ventanas de oportunidad que no debemos dejar pasar, la primera es la implementación de la ley 21.073, que regula la elección de gobernadores regionales; y la 21.074, de fortalecimiento de la regionalización del país, que en estos momentos se está discutiendo cuáles son las competencias y recursos financieros que se traspasarán desde el nivel central al regional.

Hasta el momento los ámbitos de movilidad, transporte e infraestructura están quedando fuera de la discusión, y es necesario que esta materia se plante de manera mas enérgica por parte de los actores involucrados, las regiones y sus autoridades democráticamente elegidas deben poder decidir en propiedad la visión de movilidad de sus territorios.

La segunda ventana de oportunidad es la pronta implementación de la ley 20.958 que establece un sistema de aportes al espacio público que reemplaza a los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) por un nuevo sistema basado en mitigaciones sobre la base que todos los proyectos inmobiliarios sean públicos o privados generan externalidades en su entorno.

La ley establece la obligatoriedad para la elaboración de planes de movilidad tanto en áreas metropolitanas como en áreas locales. Cada municipalidad deberá elaborar un plan comunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, que contendrá una cartera de proyectos, obras y medidas para mejorar sus condiciones de conectividad, accesibilidad, operación y movilidad, así como la calidad de sus espacios públicos, la cohesión social y sustentabilidad urbana.

Existe una oportunidad, ya que el reglamento aún está en elaboración, existiendo así la posibilidad de incluir procesos vinculantes en materia de participación y colaboración ciudadana en la elaboración de estos planes.

Y desde esta perspectiva, esta discusión da paso para hablar de la gobernanza en movilidad; ¿cómo tomamos las decisiones en materia de movilidad?, ¿cómo y cuándo transferimos poder, competencias y recursos?, y ¿cómo coproducimos política de movilidad en nuestro territorio, donde la experiencia del usuario debiera ser fundamental y protagonista del proceso?

Una nueva gobernanza de la movilidad tiene que ver con cómo los actores tomamos decisiones de manera coordinada y en este sentido la experiencia chilena de elaboración de la Ley de Convivencia Vial fue fundamental. Una ley que a partir del impulso de las principales organizaciones pro-bicicleta logró imponer una agenda, alinear a los actores y negociar con los otros modos para lograr cambios significativos en materia de normativa de uso del espacio público y vial.

Se logró por primera vez en el país, elaborar desde abajo, desde la experiencia del usuario, y desde los distintos territorios, una política pública de movilidad mediante un proceso de gobernanza en red que gestionó la coproducción de política y eso tiene un valor enorme que debe ser sistematizado, protocolizado y replicado en otras instancias. 

El uso de la bicicleta no solo brinda beneficios individuales de bienestar físico y mental, si no que además genera bienestar colectivo al ser este un medio, que no solo no contamina ni congestiona, si no que además cohesiona e impulsa diversas iniciativas de innovación social y política y que bien encausadas, pueden dar respuestas a los nuevos desafíos de gobernanza requeridos para enfrentar el cambio de época.

 

 

 

 

 

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