Infraestructuras ciudadanas

Por Ariel López L.

Ingeniero en Transporte y Tránsito, Director de Movilidad ONG Map8

 

Al revisar la historia en Chile, se pueden visualizar tres corrientes que marcaron estilos en la creación y construcción de infraestructura pública: una primera época, al comienzo de la República, marcada por las infraestructuras públicas creadas por divisiones de ingenieros militares; como puentes, carreteras, ferrocarriles y puertos. Una segunda época, entre el 1890 y el 1990, de infraestructuras públicas creadas por el Estado; como metros y carreteras. Y finalmente, una tercera época, desde el fin de la dictadura hasta nuestros días, con infraestructuras concesionadas a transnacionales; como autopistas urbanas e interurbanas, puertos, hospitales y cárceles.

Todas las anteriores fueron diseñadas desde el Estado o los privados e impuestas a la ciudadanía, sin consideración de las necesidades del territorio, de sus habitantes y finalmente de los usuarios, con un porcentaje no menor de nefastos resultados que todos conocemos.

Los sistemas de transporte no pueden seguir siendo diseñados exclusivamente desde el ámbito de la ingeniería. En la actualidad, los sistemas de transporte público son diseñados por personas que no son sus usuarios, utilizando parámetros del transporte de cargas, que responden primordialmente a intereses privados en desmedro de la dignidad y calidad de vida de los usuarios.

El Mapocho Pedaleable marca una nueva época, de infraestructuras pensadas, diseñadas y operadas desde la sociedad civil, validadas y financiadas desde el Estado. Una alianza virtuosa que marca precedente para la nueva generación de políticas e infraestructuras públicas. Entre esta nueva generación de proyectos públicos pensados desde la ciudadanía podemos nombrar a la Nueva Alameda Providencia, la ciclovía del Elqui Pedaleable, entre otros.

En el parlamento está en discusión el Fondo de Infraestructuras Público – Privado, proyecto presentado por el MOP que profundiza el modelo tradicional de concesiones de infraestructuras que segregan la ciudad, violentan a sus habitantes y generan utilidades de hasta un 1400% a las empresas transnacionales.

El transporte es una problemática multisistémica eminentemente social que requiere de que sus usuarios participen del diseño de sus soluciones, la participación ciudadana no puede seguir siendo un checklist. En esta nueva etapa, el Estado está llamado a generar un Fondo de Infraestructuras ciudadanas, que ponga el énfasis en un modelo donde el diseño de la infraestructura pública sea realmente participativo.