La justicia vial y el mito del derecho exclusivo del automovilista

Experto en transporte aclara que la verdadera justicia vial no viene de quién paga más impuestos o permisos, sino de cómo se distribuyen los recursos para que beneficien a todas las personas.

Por Michelle Raposo

Fotos: Pedalea

Hay discusiones sin sentido que parecieran nunca terminar, a pesar de que la ciencia diga lo contrario. A las teorías de que la tierra es plana, que las vacunas tienen chips y que el hombre nunca llegó a la Luna se suma: “los automovilistas tenemos más derecho a usar las calles porque pagamos el permiso de circulación”.

Cada cierto tiempo ese debate se toma el espacio público con la infaltable “carta al director” de algún conductor enojado porque “les quitan espacio” para hacer ciclovías, o que es injusto que las bicicletas no paguen patentes.

Un último ejemplo de esto fue una carta publicada a fines de julio en El Mercurio, que llevó al académico e investigador del CEDEUS, Ricardo Hurtubia a explicar con peras y manzanas lo inexacto de este argumento.

“Eso lo escribí motivado porque en mis interacciones en redes sociales, que son frecuentes con personas que son contradictores míos, cada vez que muestro, no sé, un video de un auto que me hace algo o me pone en peligro, o muestro evidencia de que el costo social del automóvil es muy alto, o digo haría más ciclovías, hay alguien que me dice: ah, pero es que las bicicletas no pagan permiso de circulación, por lo tanto no deberían tener derecho a…”.

Aburrido de tener que estar explicando cada vez que se daba esa conversión, se decidió a escribir un texto para llegar y pegar el link. “Tuvo muy buena acogida, mucha gente me lo agradeció”.

Un factor que influye en este pensamiento, cuenta, tiene que ver con la “motornormativity”, o motor-normatividad, en español.

Según un estudio realizado por Ian Walker, profesor en psicología ambiental de la Universidad de Swansea (en Gales), se realizó un cuestionario a más de 2 mil personas, con preguntas que cambiaban ligeramente para conocer su reacción frente a los riesgos relacionados con los automóviles versus la misma pregunta pero en un tema más amplio. Por ejemplo: el 37% de las personas siente que la policía debería hacer algo si es que alguien dejó un bolso en la calle y era robado. Cuando el ejemplo se cambiaba a un auto, el porcentaje aumentaba a 87%.

En otro escenario,el 75% de las personas estaba de acuerdo que la gente no debería fumar en áreas muy pobladas donde otros tienen que respirar el humo del cigarrillo. Pero cuando se trata del humo de los autos, solo el 17% estuvo de acuerdo.

Una conclusión del estudio, es que los entrevistados, incluso si no conducen, parecen tener una aceptación intrínseca de los riesgos y daños causados por los vehículos motorizados, que no aceptarían en otras áreas de la vida.

Guía argumental para ganar este debate

Volviendo a nuestro tema. En su publicación, la pueden leer en detalle, aquí Ricardo explica los mitos arraigados sobre el financiamiento vial y la justicia en el uso de las calles, basados en que los permisos de circulación y los impuestos al combustible justifican el predominio de los autos en las ciudades, cuando en realidad esos ingresos no alcanzan a cubrir ni remotamente los costos reales de construcción, mantenimiento y otras externalidades negativas asociadas con el uso del automóvil. 

Es más, según el análisis de cifras hecho por Ricardo, esos argumentos se desmoronan al confrontarse con los datos y realidades económicas del país.

Los dos razonamientos principales que arguyen los automovilistas, es que con los permisos se pagan las calles (costos de construcción y mantención), y que los otros usuarios del espacio público como ciclistas y peatones no pagan nada, no tienen los mismos derechos.

En resumen, qué se puede refutar al respecto, escribe el experto:

La recaudación de los permisos no alcanza ni para la mitad en gastos de mantención. Estamos hablando de alrededor de 850 millones dólares anuales, versus una recaudación cercana a los 300 millones de dólares al año.

Por otra parte, los ingresos del permiso se invierte en más cosas que solo mantener caminos.

Si no alcanza para mantener las calles, mucho menos para construirlas. En ese sentido, los fondos de infraestructura usan distintos impuestos, y a veces por el pago de peajes y tags.

En cuanto a las entradas por el impuesto al combustible. Si bien significa mucha más plata, ese fondo se usa para financiar al Estado, “desde construir hospitales hasta pagar sueldos de los funcionarios públicos”.

Por otra parte, ciclistas y peatones sí pagan otros tipo de impuestos que contribuyen a este fondo común de donde se financia por ejemplo la infraestructura.

A eso se suma la gran cantidad de efectos negativos de los automóviles, que se traducen en costos sociales relacionados con la seguridad, la salud y la contaminación. 

En la otra cara de la moneda, la caminata y el uso de la bici, generan un beneficio social positivo.

De alguna forma, esta idea de que peatones y ciclistas “no pagan” por el uso de la infraestructura no sólo ignora la contribución a través de impuestos generales, sino que también pasa por alto la reducción de la congestión, la contaminación y los costos sociales.

Finalmente, la reflexión que hace Ricardo es una invitación a reconsiderar nuestras decisiones de movilidad, y tener en cuenta que la verdadera justicia vial no viene de quién paga más impuestos o permisos, sino cómo distribuimos los espacios y los recursos de manera que beneficien a toda la sociedad.

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