Justicia para Jaime Monje: la deuda pendiente en la Ruta H-10.

Por Colectivo Bioenergía

El 7 de julio de 2022, Jaime Alfonso Monje Zúñiga salió a pedalear por la Ruta H-10, en el sector de Las Coloradas, en Rancagua. Lo hacía como tantas otras veces. Trabajador, hijo, hermano querido, y ciclista habitual de una zona donde la bicicleta no es solo un medio de transporte: es parte de la vida rural y de la movilidad cotidiana. Sin embargo, ese día encontró un destino trágico en un tramo que por años ha evidenciado graves riesgos para quienes se desplazan en modos activos.

El caso de Jaime no solo remueve a su familia. Remueve a toda una comunidad que ha visto cómo esta ruta acumula siniestros y pérdidas humanas. Hoy, a más de tres años de su muerte, el proceso judicial avanza lentamente, con reprogramaciones y obstáculos que han extendido la espera. Aun así, la búsqueda de justicia sigue en pie, y la memoria de Jaime se ha transformado en un llamado urgente a mejorar la seguridad vial en la zona.

Este artículo recoge los antecedentes autorizados por la abogada del caso y busca aportar a la discusión pública, con el respeto debido a su familia y la comunidad que lo recuerda.

Los hechos: lo que ocurrió el 7 de julio de 2022

Según la acusación del Ministerio Público —información que puede ser mencionada en esta etapa del proceso—, alrededor de las 12:30 horas del 7 de julio de 2022, el acusado Luis Alejandro Belmar Rojas, conductor del tractocamión patente LRSX-99, circulaba por la Ruta H-10 en el sector Cruce Las Coloradas, paradero 11 de Rancagua.

En ese punto, realizó una maniobra de adelantamiento prohibida, sobrepasando a Jaime a pesar de estar en una zona demarcada con doble línea continua, lo cual impide este tipo de maniobras. Esta acción se realizó a una distancia menor a la necesaria para garantizar la seguridad del ciclista.

Fue en ese contexto que el remolque del camión colisionó a Jaime, provocando su caída a la calzada. En ese momento, las ruedas posteriores del lateral derecho del camión lo aplastaron en la parte inferior del cuerpo.

Pese a ello, el conductor se dio a la fuga sin detenerse, sin prestar auxilio y sin dar aviso a la autoridad.

Minutos después, la víctima fue impactada por un segundo camión: el vehículo patente CZTY-32, conducido por Pedro Antonio Hinojosa Fuentes. Este camión también aplastó la parte inferior del cuerpo de Jaime al pasar sobre él con su rueda anterior derecha. El conductor tampoco prestó ayuda y huyó del lugar, incluso después de haber detenido la marcha brevemente y haberse desplazado en reversa unos metros antes de continuar su ruta.

Cabe señalar —y así lo consignan los antecedentes— que Hinojosa tuvo la oportunidad de informar lo ocurrido cuando fue controlado por Carabineros a las 14:40 horas del mismo día. Sin embargo, pese a interactuar directamente con el personal policial, no informó su participación en el hecho.

Ambos vehículos involucrados eran camiones de gran envergadura, lo cual es relevante para comprender la magnitud del impacto, la dinámica del siniestro y las consecuencias que tuvo para la víctima.

Un territorio inseguro: la realidad de la Ruta H-10

Es totalmente apropiado mencionar un aspecto clave del contexto: la Ruta H-10 no contaba ni siquiera con una berma suficiente para el desplazamiento de ciclistas al momento del siniestro.

Este punto es fundamental. Durante años, habitantes, organizaciones territoriales y usuarios habituales de la ruta han señalado la falta de infraestructura segura, la estrechez de ciertos tramos y la convivencia conflictiva entre camiones de alto tonelaje y modos vulnerables.

Quienes pedalean por la zona lo saben bien: hay sectores donde la berma se reduce a unos pocos centímetros o desaparece por completo. Es un espacio diseñado para el tránsito rápido de vehículos pesados, sin considerar que también es una ruta de movilidad cotidiana para trabajadores, escolares, ciclistas recreativos y personas que necesitan desplazarse entre localidades rurales.

En ese escenario, la muerte de Jaime no es un hecho aislado, sino la expresión dolorosa de un problema estructural que ha sido largamente ignorado.

Etapa actual del proceso: juicio oral y penas solicitadas

El caso se encuentra hoy en etapa de juicio oral, con la investigación cerrada. Los hechos descritos en la acusación pueden ser informados públicamente sin riesgo para el proceso. Sin embargo, llegar a esta etapa ha sido un camino complejo. El juicio ha sido reprogramado en tres ocasiones, debido a que hubo instancias donde uno de los acusados, fue prófugo de la justicia, la falta de comparecencia de testigos, entre otros.

Estas dilaciones no solo han extendido el proceso judicial, sino también el dolor de la familia, que ha debido enfrentar una espera larga, injusta y emocionalmente agotadora.

Las penas solicitadas por fiscalía para cada uno de los acusados se resumen en, presidio menor en su grado medio y máximo, más la suspensión de la licencia de conducir e inhabilitación perpetua para conducir vehículos motorizados, por Cuasidelito de homicidio y Por no detener la marcha, no prestar ayuda ni avisar a la autoridad, entre otros.  A la fecha, se está a la espera de que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua fije nuevamente la fecha para el juicio. Tanto la familia, como la comunidad solicita evitar mayor dilación, evitar la revictimización, evitar el dolor.

Memoria, dignidad y justicia

El caso de Jaime ha resonado en diversos espacios ciudadanos. No solo porque evidencia las falencias graves de una ruta largamente demandada por su inseguridad, sino porque la familia y la comunidad han mantenido vivo su recuerdo con fuerza, cuidado y dignidad. El movimiento “Justicia para Jaime”,  permite comprender que esta búsqueda no es por rencor ni revancha: es memoria activa. “Es el intento de que la muerte de un vecino, ciclista y trabajador no quede atrapada entre expedientes, reprogramaciones o tecnicismos. Es el recordatorio de que cada vida perdida en las rutas del país es una responsabilidad colectiva”.

Y es, también, una forma de velar porque ninguna otra familia pase por lo mismo.

Distintas organizaciones del territorio —entre ellas colectivos ciclistas y comunitarios— han acompañado a la familia con respeto y sin instrumentalización. Se trata de un acompañamiento que apunta a visibilizar problemáticas estructurales, promover cambios y exigir condiciones mínimas de seguridad para quienes se desplazan en bicicleta o a pie. La presencia de estos grupos busca ayudar a mantener la temática en la palestra y visibilizar el caso, para apoyar a la familia y para recordar que la seguridad vial es un derecho, no un privilegio.

Conclusión: lo que Jaime dejó en nosotros

Jaime Monje no debería haber muerto ese día. No en una ruta que es usada frecuentemente por ciclistas y peatones. No en un adelantamiento prohibido. No debió ser aplastado por dos camiones. Y menos aún sin recibir ayuda de quienes participaron en el siniestro.

Su caso es un llamado urgente al país: necesitamos rutas que protejan a las personas, procesos judiciales que no se dilaten y un enfoque centrado en la vida humana por encima de la velocidad y la carga. Mientras la justicia avanza, su memoria continúa. En su familia. En sus seres queridos. En quienes pedalean todos los días. En las organizaciones que acompañan este camino. En la comunidad que no olvida. Y en cada persona que espera que nunca más tengamos que contar una historia como esta.

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