Organizaciones de la sociedad civil, académicos y personas naturales a favor de la movilidad sustentable, presentaron un reclamo ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sobre la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), impulsada por esta cartera. Ésta permitiría adaptar los criterios en construcción de ciclovías en espacios peatonales, flexibilizando la eliminación de áreas verdes, entre otras deficientes implementaciones.
De permitirse, según las y los autores de la misiva, se trataría de un retroceso a normativas obsoletas y un empeoramiento en la convivencia vial y especialmente en lo que respecta a la seguridad de peatones y usuarios de ciclos en las ciudades chilenas.
“Gobierno insiste en reducir espacio peatonal en desmedro de la equidad y la accesibilidad universal”
Durante la pandemia se ha puesto en valor el uso del espacio público y el acceso a áreas verdes. En torno a aquello, resulta contraproducente que hoy el Ministerio de Vivienda y Urbanismo esté impulsando una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que podría generar un enorme retroceso en la calidad del espacio público.
A sabiendas de que el modo de movilidad predominante y prioritario es el del peatón (34,5%)1 por sobre los viajes que los ciudadanos realizan en transporte público (29,1%) y transporte privado (28%), la modificación que propone el MINVU a la OGUC permitirá subir las ciclovías a la acera, sobre un espacio denominado “platabanda”, donde iría la señalética, áreas verdes, grifos para incendios y otro tipo de infraestructura esencial.
Ariel López, ingeniero en Transportes e investigador de MOVYT, explica que “en la actualidad, tanto el Manual de Vialidad Ciclo-Inclusiva del MINVU (2015), como la OGUC, la Guía de Composición y Diseño Operacional de Ciclovías (2020) y la Ley de Tránsito 18.290, consideran que la bicicleta -junto a otros ciclos- son vehículos, y como todo vehículo que debe usar la calzada para circular” (salvo situaciones excepcionales, para los casos de usuarios de bicicleta de tercera edad, niños de menos de 12 años, y personas con movilidad reducida). “Esta medida contó con la votación favorable de un 82% de 42 organizaciones de ciclismo que gestionaron su proceso de implementación, durante la organización del Foro Mundial de la Bicicleta en Santiago, durante 2016”, añade.
Esta desregulación, denominada “Modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en Materia de Ciclovías”, permitiría que todas las ciclovías invadan el espacio de uso exclusivo del peatón. Esto destruye el concepto mismo de Convivencia Vial, considerando la prioridad con que debe contar el modo de movilidad más vulnerable. Esto, al mismo tiempo, disminuye su espacio vital y genera situaciones de inseguridad, tanto para el peatón como para el ciclista, en las zonas de cruce con la calzada. Los vehículos motorizados no tienen la capacidad de incorporar en su cono de visión a una posible “ciclovía sobre acera” al momento de llegar a la zona de cruce.
“La cantidad y la calidad de los espacios peatonales, es una deuda con los habitantes de las diversas comunas del país. La movilidad activa es un aporte a la salud preventiva y a la calidad de vida en nuestros barrios” agrega Sandra Aguilera, coordinadora general de Muévete.
La dirigente sostiene que permitir la flexibilización de la construcción de ciclovías en aceras traería una “disminución del espacio y confusión en las y los usuarios que conviven en esas zonas”. “La crisis medioambiental, nos obliga a trabajar seriamente en las formas de trasladarnos y de entregar a nuestras ciudades modos cero emisión y necesitamos reorganizar el espacio destinado al automóvil”, puntualiza.
Distintos estudios sobre ciudades Latinoamericanas han indicado que actualmente más de 80% del espacio público destinado al tránsito está ocupado por automóviles privados5. Esta situación no es coherente: ni con la cantidad de viajes que este modo realiza, ni mucho menos con el nivel de inversión estatal para cada tipo de modo. Así las cosas, genera una radical desigualdad en el destino de este espacio de bien común, en detrimento de los modos de movilidad que generan mayor actividad urbana, calidad de vida y menor impacto ambiental.
Introducir una modificación de este tipo en la legislación chilena conduciría al MINVU a convertirse en un organismo que trabaja en detrimento de la calidad de vida urbana, realizando acciones ilegales. Intentar imponer un Reglamento del Ley como la OGUC por sobre la Ley de Tránsito (situación que podría ser revisada por Controlaría General de la República), incide en:
1. Un aumento de la inequidad del uso del espacio público.
2. Consolidaría la posibilidad de hacer ciclovías en la acera, convirtiendo así el actual texto de la Ley de Convivencia Vial en un instrumento que podría prohibir a los ciclistas circular por la calzada en todos aquellos lugares donde haya ciclovía de acera, incluso cuando éstas carezcan de un estándar mínimo para la seguridad, como actualmente ocurre en gran parte del país.
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