Escrito por: 9:16 am Opinión

Pedaleando la participación ciudadana.

“Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal…”

Cumbia de la Bici de David Aguilar

Por Mariana Salvador, Alcaldesa de la Bicicleta por Santa Fe, Argentina.

Comúnmente se define como ciclismo urbano a “la utilización de la bicicleta como medio de transporte urbano, generalmente para distancias cortas”. Frente a esta definición me parece importante distinguir entre las personas que usan la bici como medio de transporte  (ciclistas urbanos propiamente dichos) y aquellas, que además, tienen lo que yo llamo “conciencia de clase ciclista”, haciendo una analogía con el concepto marxista ‘de ser conscientes y actuar de acuerdo a esa conciencia’ sobre lo que implica usar la bici como medio de transporte en la ciudad y aquí aparece: quien pedalea con esa conciencia y quienes además, realizan otras acciones para la promoción del ciclismo urbano que puede ser de forma individual o colectivamente: todo esto es BICIACTIVISMO.

La conciencia de clase ciclista ha generado a mi manera de ver una nueva ciudadanía, que se destaca porque sus motivos de “lucha” son: la calidad de vida, la salud, la equidad social y el ambiente sano en las ciudades y que, por lo tanto, constituye una crítica a la regulación social capitalista e identifica nuevas formas de opresión que se reproducen en el espacio urbano, fundamentalmente en torno a la movilidad.

Esta nueva ciudadanía desliza además, la necesidad de nuevas formas de políticas y de articulación entre las instituciones gubernamentales tradicionales y el biciactivismo en lo que respecta a la PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES, y es de este tema del cual me quiero ocupar en esta ocasión.

Tenemos sobrados ejemplos de que la participación ciudadana sobre proyectos, obras y /o estudios que involucran decisiones sobre movilidad (nuevas ciclovías, ampliación de veredas, abrir o cerrar calles, etc) es escasa, ausente incluso equívoca.

 Amigos y amigas biciactivistas dan sus testimonios:

A- “A veces te llaman por teléfono ( por lo/as funcionario/as) para mostrarte un proyecto ya terminado y te piden opinión que con suerte es tenida en cuenta”

B- “Te invitan a una reunión informativa sobre cosas que pretenden hacer”. 

C- “En mi Provincia ponen a disposición plataformas digitales para colaborar sobre el texto de una ley que ya está redactada”

Nada de eso se acerca a lo que realmente implica una verdadera democracia participativa, en la que la ciudadanía debe (dije debe, no quiere o puede) ser parte de un proceso real de participación sobre las decisiones que puedan afectar el ambiente en el que viven y/o desarrollan sus actividades.

Pensamos que algunos gobernantes no participan con la ciudadanía porque quieren sacarse todas las fotos, otros están acostumbrados a viejas formas de políticas y habrá también quienes no saben que la participación ciudadana es un derecho regulado por diversos acuerdos internacionales y receptados por las constituciones y leyes nacionales de por lo menos casi todos- por no decir todos- los países democráticos. 

Promover el uso de la bicicleta en las ciudades, es parte de lo que se llama Movilidad Urbana Sostenible y esto tiene un condimento aparte: se saboriza de la materia ambiental realzando así el gusto de la participación ciudadana y poniendo en escena a favor de la ciudadanía, un compendio de leyes protectoras del ambiente, del acceso a la información ambiental y de la participación ciudadana.

En relación a la normativa que protege y reconoce a la participación ciudadana, la más importante en países de latinoamérica y el caribe es el Acuerdo de Escazú del año 2018 que tiene como objetivo “garantizar el derecho de todas las personas…a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno (…)”.

En función de lo que establece este acuerdo hay algunas medidas que si o si deberían estar ante cualquier decisión que sea relacionada al ambiente urbano, comprendiendo la movilidad y con ello la ciclabilidad y caminabilidad. Apunto algunas:

👉Debe tratarse de una participación abierta e inclusiva sobre la base de marcos normativos. Debe darse desde etapas iniciales e incluir plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que este participe en forma efectiva. 

👉 El/la/le funcionario/a/e realizará esfuerzos por identificar al público directamente afectado… y promoverá acciones específicas para facilitar su participación.

👉 El/la/le funcionario/a/e realizará esfuerzos para identificar y apoyar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación. 

👉El derecho del público a participar en los procesos de toma de decisiones ambientales incluirá la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles, conforme a las circunstancias del proceso. 

Será prudente -entonces- saber si los Municipios o Alcaldías cuentan con legislación que regule los procesos de participación ciudadana en materia ambiental y si no la tienen habrá que -también- luchar por esta normativa como punto de partida, porque es necesario que el biciactivismo -como movimiento social- pueda ser involucrado en la toma de decisiones seriamente.

Esta nueva ciudadanía, ha venido para quedarse, al igual que el movimiento liderado por Greta, reclaman la emergencia de nuevas formas de vivir, lejos del derroche, del consumo masivo y del exterminio del planeta. Pero también requiere nuevas formas de políticas más cercanas a su público, más humanas, y democráticas; como lo es pedalear una bicicleta.

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