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La movilidad y el derecho a la ciudad en la nueva Constitución chilena

Comenzamos 2022, un año que será clave para el país por dos grandes hitos: un nuevo gobierno que afrontará enormes desafíos sociales, económicos y sanitarios, ante una pandemia que no tiene un horizonte claro de término; y esencial para la Convención Constitucional, que debe redactar la nueva constitución política, la que será aprobada o rechazada mediante un plebiscito de salida con voto obligatorio.

Por Daniela Suau Contreras

Fotos Víctor Rojas

En su reglamento, la Convención aprobó un grupo de mecanismos que faciliten la participación popular y su incidencia, para que el pueblo de Chile delibere y sea partícipe en el proceso de redacción.

La elaboración de normas, es decir, la propuesta de contenidos para la nueva constitución, contempla dos vías: iniciativas presentadas por grupos de constituyentes e iniciativas populares presentadas por la sociedad civil.

En este artículo, les hablaremos de las iniciativas populares de normas, el mecanismo de participación mediante el cual una persona o grupo de personas puede presentar una propuesta de norma sobre una materia de índole constitucional.

Éstas deben ser presentadas en la plataforma digital iniciativas.chileconvencion.cl hasta el jueves 20 de enero y las personas pueden patrocinarlas -máximo siete- hasta el martes 01 de febrero. Aquellas que superen las 15.000 firmas y que provengan de al menos cuatro regiones distintas, serán discutidas en la comisión correspondiente y votadas para admitir su discusión y votación en el pleno, para ingresar o no al texto constitucional definitivo.

Iniciativas Populares de Norma

“El derecho a la ciudad” – Nº 21.782

En la categoría “Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal”, esta iniciativa habla de mecanismos de equidad territorial.

Levantada por Ciudad Constituyente -plataforma de organizaciones de pobladoras y pobladores, ciudadanas y ciudadanos, vecinas y vecinos, activistas, profesionales, trabajadoras y trabajadores del pueblo de Chile-, la problemática que plantean dice relación con que, en nuestras ciudades, la propiedad del suelo se entiende más como un bien particular o propiedad personal transable en el mercado y que permite al propietario disponer de él, que como un bien público con función social.

Nuestras ciudades, especialmente las grandes, que conllevan más de una comuna, no tienen gobierno propio; el poder y la lógica sectoriales no responden a la dinámica territorial. La falta de regulación constitucional de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), así como la protección absoluta del derecho de propiedad, han generado ciudades segregadas y fragmentadas, discriminación de género, exclusión y precarización de los sectores más vulnerables, y destrucción de los equilibrios necesarios para la conservación de la naturaleza; también ponen en riesgo a la población y a la sostenibilidad de la ciudad, entendida como parte orgánica del cohabitar nuestro planeta”.

Según nos cuenta Javiera Martínez, integrante de Ciudad Constituyente y quien estuvo a cargo de subir la iniciativa, ésta “nace de las demandas históricas de movimientos sociales y organizaciones que han exigido un habitar digno, más allá del derecho a una vivienda adecuada. Creemos que la nueva constitución debe dejar atrás el paradigma neoliberal, antiecológico y patriarcal que ha derivado en la centralización de la gobernanza territorial, barrios inseguros, desintegrados, segregados, excluyentes, privatizados, contaminados y discriminadores. Apostamos por un Estado garante de los derechos al hábitat, superando la lógica de subsidios por una lógica de justicia y solidaridad. Un modelo urbano feminista basado en las y los peatones y la movilidad sostenible, la regulación y planificación del suelo que integre y cuide el buen vivir de la población, respetando nuestros barrios y su identidad, a través de mecanismos democráticos y de gobernanza participativa y sobre todo ciudades y territorios feministas”.

Respecto a lo que debiese ser contemplado en la nueva constitución, aseguran que el derecho a la ciudad es un derecho complejo y de carácter colectivo, por lo que tanto su alcance como las condiciones de su judicialización, se van definiendo a través de la práctica jurídica de un conjunto de actores. Se trata de un desafío de largo alcance que expresa la aspiración de hacer de la ciudad —este espacio orgánico reproductor de vida— al igual que el derecho a la tierra –la madre tierra, la Ñuke Mapu–, un ámbito fundamental en la construcción ecológica del cohabitar el planeta.

El derecho a la ciudad busca contribuir a generar las condiciones para que las personas puedan gozar y participar en ciudades inclusivas, seguras, integradoras, justas, democráticas y ecológicas. El avanzar en el derecho a la ciudad en este nuevo Chile, nos fortalecerá para construir un marco que proteja y promueva otros derechos sociales, económicos, culturales y ambientales como, por ejemplo, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho al patrimonio cultural, el vivir en un medio ambiente sano, sin contaminación”, afirma Javiera Martínez.

Su inclusión en el texto constitucional, aseguran, permitiría generar avances en dimensiones de la experiencia urbana, tales como: esclarecer la garantía progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito territorial determinado de la ciudad y los asentamientos humanos; precisar el derecho de los habitantes a decidir sobre la ciudad, permitir el avance hacia mecanismos de intervención en las decisiones, gestión y producción de la ciudad; garantizar la no-discriminación material o simbólica que pueda sufrir cualquier persona que habite la ciudad en cualquier espacio de esta; relacionar directamente el derecho a la ciudad con la economía urbana, desde contar con fuentes de trabajo, a cómo se van a redistribuir las plusvalías y cómo se generan las inversiones públicas; y contar con una base robusta sobre la cual generar el nuevo marco legal y normativo, así como la formulación de instrumentos de regulación, tanto para el sector público como el privado.

Sobre la viabilidad de que esta propuesta avance, Javiera Martínez señala: “Estamos esperanzados en que el proceso constituyente nos abrirá una puerta para sentar las bases que nos permitirá seguir avanzando para conquistar este derecho para todas y todos. El derecho a la ciudad viene tomando fuerza desde hace años en Chile y mucho más en Latinoamérica. Venimos de la experiencia de enfrentar distintos tipos de conflictos urbanos y de acceso a la vivienda digna, causados por la privatización de los derechos y por el abuso, marcados por la desregulación que permite el enriquecimiento de unos pocos a costa de muchos”.

Pueden leer el articulado completo en este link: https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/21782

“Derecho a la movilidad segura, justa y sustentable (activa, inclusiva, saludable)” – Nº 43.878

En la categoría de “Derechos Fundamentales”, esta propuesta se refiere al derecho a la movilidad segura, justa y sustentable. 

La iniciativa presentada por la Sociedad Civil por la Movilidad Segura, Justa, Sana y Sostenible, fue desarrollada de manera conjunta por el Laboratorio de Cambio Social y la Red Nacional de Movilidad.

Señalan que la problemática a solucionar es la carencia de principios estructuradores que definan la movilidad como un derecho para toda la comunidad, lo que ha permitido la improvisación, la prevalencia de intereses, las interpretaciones no fundamentadas o las respuestas disímiles frente a problemas similares en la planificación de la movilidad del país.

Asimismo, aseguran, “el actual sistema de transporte urbano (y también rural), basado en promover preferentemente el uso del automóvil personal, genera enormes costos para la gran mayoría de la sociedad, vale decir para el medioambiente urbano y natural, el patrimonio, la organización de los espacios urbanos y la salud de la población. Es decir, afecta otros derechos fundamentales y servicios del Estado, atentando contra valores de primera importancia para hacer frente a las crisis ambientales, sociales y políticas actuales”.

Henry Herrera, el representante que subió la iniciativa, señala que lo que los motivó a levantar esta propuesta, es que “posicionar el derecho a la movilidad permite hacer más práctico, a futuro, el establecimiento de redes de movilidad sostenible en el territorio urbano y rural. Eso implica que facilita la asignación presupuestaria, que existan recursos más concretos para la movilidad sostenible donde, por supuesto, también consideramos el transporte público y la caminata. Además, al hacer práctico el derecho a la movilidad, nos enfocamos mucho en el territorio y eso permite hacer viable otras iniciativas, como el derecho a la ciudad, permite resignificar la noción de accesibilidad, para llevarla o devolverla a un concepto más territorial, más espacial”.

A juicio de sus autores, este derecho permitirá que, en las ciudades y pueblos, las comunas y barrios, pueda verse garantizada la accesibilidad a los bienes y servicios públicos que, como sociedad y como país, hemos generado a través del tiempo, con el esfuerzo de todas y todos, no sólo en ésta, sino también en las generaciones precedentes.

Con relación a lo que debiese ser contemplado en la nueva constitución, señalan que el Estado debe garantizar el derecho a una movilidad segura, justa y sustentable, así como inclusiva, activa y saludable, para todas y todos los habitantes del país, priorizando las necesidades de las personas en situación más vulnerable, asignando recursos equitativamente entre comunas, ciudades, provincias y regiones. Es por esto que proponen priorizar y dar mayor importancia a la caminata y el transporte público de alta calidad, al uso de los ciclos (bicicletas, bicicargo, bicitaxis, triciclos, scooters) y al conjunto de los modos más igualitarios y sustentables.

Sobre la viabilidad que le ven a su iniciativa, Herrera señala que ésta “se enlaza muy bien con otros derechos fundamentales, con la nueva concepción del territorio, del medio ambiente, de los recursos económicos, estatales y públicos, que se están anidando en la nueva constitución”.

El convencional, Manuel Woldarsky González,​ abogado y activista por la defensa de derechos humanos, derechos de los trabajadores y ciclistas, señaló a Pedalea que apoyará esta iniciativa.

Pueden leer el articulado completo en este link: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=43878

“La movilidad como un derecho” – Nº 23.750

En la categoría de “Derechos Fundamentales”, esta propuesta habla del derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio.

Fruto del trabajo de la organización Club Social, Ambiental y Cultural de Ciclismo (Ciclisthrash), en conjunto con la mesa de Maipú Pedalea y organizaciones ciclistas de Pudahuel y comunas aledañas, esta iniciativa señala que, en la actualidad, “los ciudadanos de nuestro país, no tienen consagrada la movilidad como un derecho, esto partiendo de la premisa de que ‘toda persona tiene derecho a la movilidad, todo ciudadano tiene el derecho a decidir la forma de cómo desplazarse por la ciudad, por el territorio, por el país’”.

La problemática planteada por esta propuesta, es que las políticas públicas y los planes promovilidad quedan plasmados en el papel, pero no son ejecutados o suelen ser desarrollados por personal técnico desde un escritorio, sin tener una mirada de las y los reales usuarios.

Sobre lo que les motivó a levantar esta iniciativa, Cinthya Muñoz, vocera de la propuesta, asegura que: “creemos firmemente en la movilidad sustentable y a energía humana como un derecho y desde siempre hemos estado apoyando las distintas luchas populares y demandas sociales de nuestro pueblo que van en esa dirección, desde antes, como durante y después del estallido social. De hecho, también apoyamos y levantamos distintas acciones para que se concretara el proceso constituyente que estamos viviendo el día de hoy. En vista de los mecanismos de participación ciudadana que tiene la Convención, decidimos hacernos parte e ingresar nuestra iniciativa, desde nuestra mirada del real usuario, sin tanto tecnicismo en esta primera etapa, pero con una visión realista, de la calle. Recogimos las problemáticas y falta de “ciclofacilidades” que hemos venido levantando en el sector poniente desde hace años, siempre hemos sido discriminados y postergados, llevamos décadas viendo cómo las políticas públicas de equidad y justicia territorial nunca llegan y se materializan en comunas del barrio alto. Por ello, confiamos en que en esta instancia se pueda discutir”.

Además, señalan que el lobby de ciertos grupos de interés, como el del automóvil, las autopistas urbanas y el sistema de transporte público urbano, van depredando los espacios de bien nacional de uso público, ciudades y carreteras interurbanas. Realidad ante la que las formas de transporte como los ciclos, las y los peatones ven mermada su movilidad, negándoles su derecho a escoger cómo desplazarse e impidiendo que medios sustentables se masifiquen, los que serían un gran aliado para hacer frente a la emergencia climática.

Respecto a lo que debiese ser contemplado en la nueva constitución, señalan que un buen ejemplo a seguir, sería el de la constitución mexicana, que consagra: “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

A juicio de sus autores, el estallido social y la pandemia nos han ofrecido una oportunidad única para poder repensar cómo nos movemos en nuestros territorios y visualizamos las ciudades a escala humana, por tanto, la movilidad en ciclos, hoy es un factor clave de la reactivación económica a nivel familiar, barrial, comunal y regional en este contexto de pandemia, ya que permite viajes puerta a puerta, distanciados, rápidos, eficientes en energía y, sobre todo, en menos de 10 km.

Respecto a la viabilidad de esta iniciativa, Cinthya Muñoz señala que “mientras podamos ‘bicivilizar’ nuestras demandas de la movilidad como un derecho, tanto en la calle como en la Convención, estamos convencidos que será una ganancia y la propuesta será viable, puesto que los convencionales no son ajenos a esta falta de derechos a la movilidad sustentable y a energía humana, sobre todo, quienes son usuarios de ciclos, ya que saben y viven en carne propia lo que estamos demandando. Independiente de si se logran o no reunir los 15.000 apoyos, creemos que las y los convencionales buscarán los mecanismos para que se pueda discutir la movilidad como un derecho en la nueva constitución. Tenemos la confianza y contamos con los apoyos al interior de la Convención para que así sea”.

Pueden leer el articulado completo en este link:

https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=23750

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