Escrito por: 10:47 am Opinión

Inocuidad de la ley y las institucionales para salvar vidas

Por Coordinación Bici Red Colombia

En nuestras redes de amigos y en los medios de comunicación se está volviendo común encontrar titulares que destacan la ocurrencia de eventos que se desarrollan en las vías de nuestros países en los que están involucrados ciclistas. Cada vez se está volviendo más común leer y escuchar que un peatón o un ciclista ha muerto o ha resultado herido en el sistema vial.

En Colombia las cifras de las entidades oficiales dan cuenta que, durante los últimos años, cerca de 7000 personas/año mueren en incidentes viales, dentro de estas personas los ciclistas están participando cada vez más en estos hechos y en muchas ocasiones se desestiman las causas y los efectos que esto conlleva.

Primero, se están tratando como accidentes y desde nuestra perspectiva no son accidentes, son incidentes, pues, son eventos que se pudieran evitar si se contara con un ordenamiento jurídico fuerte, una arquitectura institucional cohesionada y una empatía social hacia los demás actores viales.

Segundo, no son solo datos, son personas que ya no vamos a volver a ver, que no se podrán volver a abrazar, sin mencionar el costo social y económico que significa esa ausencia parcial o total.

De entrada, es fundamental que nuestras sociedades reconozcan que un mal manejo de la velocidad es un elemento letal y que, así como puede ser un catalizador de productividad y rentabilidad sectorial y territorial, también puede consolidarse como un factor que reduce la probabilidad de supervivencia de los actores más vulnerables involucrados en las colisiones urbanas. Así mismo es imperativo que nuestros gobiernos eleven sendas transformaciones en la manera que se planifican nuestras ciudades y nuestras vías y que con ello se consolide el territorio, la sociedad necesita espacios para la gente, espacios para la vida, no vías para la velocidad de los artefactos que luego se convierten en armas letales.

Como ciclistas reclamamos al poder legislativo, la seriedad que el tema de seguridad vial demanda en la agenda del congreso. No puede ser que mientras la gente muere en las calles, los representantes del pueblo gestionan normas y leyes inermes, inocuas y vacuas. Peatones y ciclistas necesitamos normas y leyes acordes a las necesidades y a las realidades de nuestras ciudades.

Es necesario endurecer el sistema penal para quienes no respetan la norma y cegan vidas humanas desde sus vehículos; los conductores tienen licencia para conducir, no para matar, además, es necesario asignar responsabilidad judicial a los encargados del diseño vial y quienes planean nuestras ciudades.

Resulta fundamental también propiciar una transformación educativa y cultural que nos enseñe a privilegiar y respetar la vida en lugar de admirar y edificar una sociedad y su territorio entorno a los artefactos motorizados, en otras palabras, es hora de enseñar a la sociedad a ser personas y valorar el ser por encima del tener.

Con relación a las pérdidas humanas, es absurdo que mueran y resulten lesionadas gravemente tantas personas en las vías. Más allá de las cifras existe un dolor que no se alivia con las palabras del dirigente político, las vidas cegadas se constituyen en una fractura del tejido social y una pérdida en la memoria colectiva. Finalmente, en Colombia y demás países de la región se demanda de sinergias fuertes y contundentes para administrar la movilidad. No podemos quedarnos en las instituciones paquidérmicas encargadas del tráfico, el tránsito y el transporte. En Colombia, probablemente en América Latina también, demandamos la organización de un sistema nacional de movilidad que articule instituciones, programas, recursos, información y conocimiento para avanzar hacia la sostenibilidad (equidad, viabilidad y soportabilidad) de los procesos de desarrollo asociados al transporte activo y la accesibilidad. Una transformación del estado que podría aportar a la competitividad y seguridad del territorio y de quienes en él se desplazan.

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